Expertos y mediciones internacionales, así como las propias cifras oficiales mexicanas, indican que la actual administración ha sido incapaz de revertir el conflicto interno derivado de la disputa de los grupos de delincuencia organizada por el control del territorio y los mercados ilegales y de la propia respuesta armada gubernamental.
A pesar de los compromisos de Peña Nieto al inicio de su administración de que se enfocaría en reducir la violencia del narcotráfico, combatir la corrupción y rediseñar las políticas contra el tráfico de drogas, muy poco es lo que se ha alcanzado, asegura la investigadora Vanda Felbab-Brow, del Centro para la Seguridad e Inteligencia del Siglo 21, perteneciente al Programa de Política Exterior del centro de pensamiento Brookings Institution, de Washington.
Experta en el estudio de conflictos in ternos e internacionales y en el de amenazas no tradicionales a la seguridad, como la delincuencia organizada, las economías ilegales, la violencia urbana o la insurgencia, Felbab-Brown no duda en recurrir a las experiencias de Colombia y Afganistán para referirse al conflicto interno que padece México.
No es la única comparación internacional respecto a la situación violenta del país. El Índice Global de Paz (IGP) 2016 ubica al país en el lugar 140 de una lista de 163 países analizados por el Instituto para la Economía y la Paz, lo que, al estar en los últimos sitios, significa que se halla en un “bajo estado de paz” debido al número de personas muertas cada año. Esa institución tiene en México una de sus cuatro oficinas en el mundo. Las otras están en Sídney, Nueva York y Bruselas.
De acuerdo con esa lista de mayor a menor índice de paz, México, con más de 17 mil decesos violentos anuales en promedio en lo que va de la gestión de Peña Nieto, está a sólo ocho lugares de quedar dentro del grupo de naciones con índices de “paz muy bajos”, como Siria, Afganistán, Irak, Paquistán, Libia, Ucrania y Somalia, entre otros.
Es el más violento de América Central y el Caribe, por encima de Guatemala, El Salvador, Honduras y otros países que han registrado una gran violencia a causa de la inseguridad. Explica que México se encuentra en el fondo como resultado de un ligero deterioro ocasionado por una creciente presencia armada y policial y el incremento en el número de desplazados por la actual guerra contra las drogas.
Incluso las cifras más conservadoras, las del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), demuestran con claridad el nivel de violencia alcanzado en México desde hace una década, cuando a principios de 2007 el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Según los números oficiales, de entonces a la fecha se han registrado en el país 165 mil homicidios dolosos.
De esa cantidad, 104 mil 844 corresponden al sexenio anterior y 50 mil 156 al actual, hasta junio pasado. En los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto, ese registro tuvo una tendencia a la baja, pero a partir del año pasado repuntó y en lo que va del actual las estimaciones son todavía a la alza, en circunstancias cercanas a los peores años de Calderón.
En los datos oficiales, el promedio hasta ahora con Peña Nieto ha sido de 17 mil 187 muertos al año; con Calderón fue de 17 mil 474. Con esas cifras, a excepción de Siria, México es el país del mundo con el mayor incremento en el número de muertos por conflictos internos.
De acuerdo con el IGP 2016, una decena de países se encuentran en esa condición. Después de México están Irak, Nigeria, Afganistán, Nigeria, Yemen, Sudán del Sur, Ucrania, República Centroafricana y Paquistán, mientras que otros como Colombia, Chad, Etiopía y Sri Lanka han visto reducciones significativas en el número de muertos por conflictos internos.
El estudio del Instituto para la Economía y la Paz revela un panorama devastador: “México tuvo una explosión de la violencia después de que el gobierno inició el combate a la actividad de los cárteles de la droga en 2007, y aunque el país ha comenzado a ser más pacífico en los años recientes, el conflicto aún costó más de 30 mil vidas entre 2013 y 2014” (33 mil 985, según el SNSP).
Continúa: “Esa cifra está justo debajo del número total de personas asesinadas por actos terroristas en todo el mundo. La formación del llamado Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL, por sus siglas en inglés) llevó al resurgimiento de las muertes en Irak, a más de 32 mil, y hubo también un re-escalamiento del ambiente conflictivo en Afganistán, que pasó de cuatro mil 210 en 2008 a 22 mil 170, una cifra similar al número de muertos que hubo en México en el último año de Calderón: 21 mil 786.
La misma política de Calderón
Poco se modificó con la llegada de Peña Nieto para detener la violencia en México. Vanda Felbab-Brown señala que el actual gobierno ha mantenido la estrategia y cometido los mismos errores de Calderón: Se enfocó principalmente en dar seguridad inmediata en áreas donde la pelea entre los grupos del narcotráfico ha surgido de nuevo, como en Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México.
Además, a menudo ha provocado sin advertirlo estos brotes de violencia. A pesar de la retórica de sus ambiciones iniciales, la administración de Peña Nieto volvió a confiar en la combinación de las Fuerzas Armadas con la Policía Federal para enfrentar a la violencia delictiva, escribió la experta en un texto titulado “Cuidado: La inescapable necesidad de un mejor cumplimiento de la ley en México”.
El análisis de Felbab-Brown forma parte del reporte Después de las guerras de las drogas, publicado en febrero de este año y elaborado por un grupo de expertos en la economía de la política pública contra las drogas de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, conocida como LSE por las siglas en inglés del London School of Economics, una de las universidades más reconocidas en el mundo en el área de ciencias sociales.
La experta no pudo ser más clara: Peña Nieto ha seguido con “una, en esencia, análoga falta de planeación y propuesta y esencialmente el mismo diseño operativo que la previa administración de Felipe Calderón”.
En particular, abunda, el actual gobierno adoptó el mismo “objetivo no estratégico” de detener a cabezas del narcotráfico, definido por su antecesor. La única excepción la encuentra en el caso de Los Zetas y Los Caballeros Templarios.
Sostiene que la postura de intervención del gobierno mexicano continúa siendo tomada principalmente sobre bases no estratégicas en espera de tener una inteligencia oportuna. Pero actúa, dice, sin la reflexión, la planeación y las propuestas que se requieren para evitar nuevos ciclos de violencia peligrosos y una respuesta renovada de los grupos del narcotráfico.
“El recrudecimiento de seguir objetivos de alto valor (jefes de grupos narcotraficantes) es parcialmente el resultado de la inercia institucional por la ausencia de una estrategia alternativa, y de la relativa simplicidad operativa de ese modelo, comparado con una política de mediano nivel, que es más efectiva pero también más demandante”, añade.
Felbab-Brown considera que la oportunidad de Peña Nieto para lograr una reforma en seguridad durante su sexenio “ha desaparecido prematuramente”. Es más, dice, los pilares claves de su política en la materia se le están cayendo fácilmente, incluida la Gendarmería, su supercentro de inteligencia y el mando único policial.
El proyecto inicial de Peña Nieto era hacer de la Gendarmería un cuerpo de 40 a 60 mil hombres para reemplazar a la Policía Federal (PF), pero los desacuerdos entre el Ejército y la Marina con la Secretaría de Gobernación y la propia inoperancia de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la que depende la PF, cuando estaba al mando de Manuel Mondragón y Kalb, acabaron con el ambicioso proyecto y la Gendarmería se redujo a una simple división más de la Policía Federal que inició con sólo cinco mil efectivos (Proceso 1970).
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